Burford Capital es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios. Concretamente, este fondo adquirió el proceso de quiebra de 2 empresas del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en 2 operaciones en 2008 y 2011. Claves.
Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno argentino consideró “fraudulenta” esta operación, por lo que alegó que no debía continuarse con el litigio.
El pago de los créditos se vio interrumpido con la la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.
La quiebra de las 2 compañías del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.
Voceros del Grupo Petersen señalaron que con la estatización “se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos y, al no poder hacerlo, muchas acciones se las quedaron los bancos acreedores. Y, por otra parte, quedaron un montón de créditos impagos, por eso las empresas se presentan en quiebra en Madrid”.
La defensa de la Argentina
La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y el proceso se extendió durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y el actual mandato de Alberto Fernández (Frente de Todos). Pese a estos cambios, la estrategia de la defensa argentina no se modificó.
Durante el gobierno de Macri fue el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, quien encabezó la estrategia argentina, que podría simplificarse en 2 puntos centrales: aseguró que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue “fraudulenta”; y que la jurisdicción donde deben zanjarse este tipo de conflictos es la argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF.
Este último punto fue rechazado el 24 de junio de 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos,que confirmó la juriscción de Nueva York. Sin embargo, el 11 de julio de ese año la jueza Preska decidió evaluar la cuestión ante un nuevo pedido de la defensa del país, rechazando una moción de Burford para iniciar prontamente el juicio.
En este recurso de “forum non conveniens”, el país alegó que el demandante “no puede demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación argentina deben ser llevadas a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, Argentina”.
Además, la Procuración, a través del estudio Skaden, Arps, Slate, Meagher & Flom de los Estados Unidos,sostuvo que el grupo Petersen y Repsol “celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos falsos para adquirir sus acciones de YPF, basadas en una transacción de autosuficiencia que usó de forma inadmisible el capital propio de YPF para permitir que el demandante ‘compre’ sus acciones y ‘reembolse’ a Repsol. Debido a la naturaleza impropia de los Acuerdos Repsol-Petersen (que causaron daños al Gobierno y al Pueblo argentino), deben anularse ab initio y, por lo tanto, el demandante no tiene legitimidad para demandar a la Argentina”.
Palra la defensa, el Grupo Petersen compró las acciones sin riesgo alguno, ya que pagaría los créditos con los dividendos de la compañía, los cuales tenía asegurados porque gracias a la posición mayoritaria que contaba en sociedad con Repsol, habían decidido distribuirse el 90% de las ganancias.
“Para garantizar que Petersen pueda pagar los ‘préstamos’ que recibió de Repsol, Petersen y Repsol también acordaron incorrectamente que distribuirían como dividendos el 90% de las ganancias de YPF, en lugar de reinvertir esas ganancias en YPF, y además acordaron pagar una cantidad adicional como dividendo especial de $ 850 millones, independientemente de las ganancias reales”, señalaron.
Voceros del grupo Petersen se defendieron al sostener que “la operación está registrada en la SEC de Estados Unidos (la Comisión de Bolsa y Valores), en la Bolsa de España, tiene el aval de los bancos internacionales.Tendría que haber una conspiración internacional, pasó por muchos filtros”.
El fallo contra el país
En el fallo redactado en marzo último la jueza hizo lugar al pedido del demandante al señalar que la Argentina “prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”.
No obstante, indicó que el demandante “ha demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, por lo que eximió a la compañía de afrontar las indemnizaciones. Sí a la República Argentina.
Hoy se sabrá cuál es el monto de las indemnizaciones.
Con información de medios nacionales
