Este 22 de febrero el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en una operación en el municipio serrano de Tapalpa, Jalisco, con apoyo de inteligencia estadounidense. Horas después, 252 bloqueos en 20 estados mexicanos respondían al vacío de poder. // Imagen: Una ambulancia forense que se cree transportaba el cuerpo del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera abandona la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en Ciudad de México. Reuters/Stringer
Las aerolíneas suspendieron vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta. Las autoridades educativas de varios estados ordenaron la suspensión de clases presenciales.
El mercado, en cambio, no se interrumpió ni un día.
Esa es la primera verdad que la cobertura policial del narcotráfico sistemáticamente omite: los capos mueren, son capturados o extraditados. El negocio no.
La cadena de valor más rentable del planeta
Para entender por qué, hay que mirar los números. Según el World Drug Report 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 se produjeron 3.708 toneladas métricas de cocaína en el mundo, un 34% más que el año anterior. Solo en Colombia la producción potencial de cocaína creció un 53% respecto a 2022, llegando a 2.664 toneladas métricas. Son cifras récord. La llamada guerra contra las drogas lleva medio siglo. La producción no para de crecer.
La razón es estrictamente económica. Un kilo de cocaína producido en Colombia vale entre 1.800 y 2.000 dólares. El mismo kilo puesto en México ya vale 12.500. En Estados Unidos, entre 28.000 y 70.000 según el mercado. En Europa occidental, 70.000. En Australia, donde la demanda supera largamente la oferta, el precio minorista lleva ese kilo a más de 260.000 dólares.
Ninguna industria legal genera esos márgenes. Ningún Estado puede competir con esa rentabilidad para retener voluntades.
Por qué México y no Colombia
El desplazamiento del epicentro narco de Colombia a México no fue una casualidad geográfica. Fue una transición empresarial.
Cuando Estados Unidos y Colombia desarticularon los carteles de Medellín y Cali en los años 90, el negocio mayorista quedó vacante. Las organizaciones mexicanas, que hasta entonces operaban como transportistas —empleados de los colombianos— tomaron el control de la cadena completa: producción subcontratada en los Andes, transporte, distribución en Estados Unidos y lavado de dinero. Eliminaron intermediarios y capturaron el margen.
Tenían para eso una ventaja que Colombia no tiene: más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre con el mayor mercado consumidor del mundo, y décadas de corrupción institucional acumulada que les proveyó la infraestructura estatal necesaria.
El pivote al fentanilo
La cocaína, con toda su escala, ya no es el negocio central. El fentanilo reescribió las reglas.
Es un opioide sintético que no necesita tierra, clima ni cadena agrícola. Se sintetiza en laboratorio con precursores químicos que provienen mayoritariamente de China. Es 50 veces más potente que la heroína. Un kilo equivale en potencia a 50 kilos de heroína y puede transportarse en un sobre.
Según datos provisorios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el fentanilo y sus análogos fueron responsables de más de 48.000 muertes por sobredosis en 2024. La cifra, aunque marca una caída del 34% respecto al pico de 2023, sigue siendo de una magnitud que convierte a la crisis de opioides en una emergencia sanitaria sin precedentes en ese país.
El Cartel Jalisco Nueva Generación entendió antes que nadie que ese era el negocio del futuro. Por eso la administración Trump lo designó organización terrorista transnacional en 2025. La cadena —precursores chinos, síntesis mexicana, mercado estadounidense— involucra a tres potencias y convierte el narcotráfico en un problema de política exterior de primer orden.
El problema del dinero
Con márgenes que multiplican por 130 el valor de origen, el problema central del narco no es ganar dinero. Es dónde colocarlo sin que se note.
Según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos citadas por El Universal, los ingresos anuales de las organizaciones narco mexicanas por narcóticos rondan entre 37.000 y 58.000 millones de dólares. Las estimaciones varían según la metodología y la fuente —la opacidad es parte del diseño del sistema.
Ese dinero no desaparece. Entra al circuito legal, se fragmenta, cambia de forma y reaparece como patrimonio legítimo. Por eso el narco necesita abogados, contadores, escribanos, inmobiliarias y exchanges tanto como necesita sicarios.
El ladrillo
El sector inmobiliario es históricamente el canal principal en América Latina, y Argentina no es la excepción. La lógica es simple: una propiedad puede comprarse con dinero en efectivo, declararse a un valor subvaluado y revenderse a precio de mercado. La diferencia queda limpia.
En la causa "Atachahua", documentada por la PROCELAC en su informe de gestión 2024, una organización transnacional lavó más de diez millones de dólares derivados del narcotráfico y contrabando de divisas utilizando bienes inmuebles y sociedades pantalla.
En otro caso paradigmático tramitado en la justicia federal, dos empresarios fueron condenados a tres años de prisión y se decomisaron más de 1,3 millones de dólares: parte del dinero había sido invertido en un departamento de lujo en Avenida del Libertador, adquirido en cuotas en pozo para difuminar la trazabilidad. La investigación fue motorizada por la PROCUNAR a partir de informes de la DEA.
El GAFI, en su evaluación mutua de Argentina aprobada en octubre de 2024, identificó una deficiencia estructural: los sectores de alto riesgo —inmobiliarias, valores, proveedores de servicios de activos virtuales, profesionales— presentan números bajos o inexistentes de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
En síntesis: los sectores más usados para lavar son los que menos reportaban. En junio de 2025, mientras esa evaluación todavía estaba fresca, el gobierno publicó la Resolución UIF 78/2025: el umbral a partir del cual una compraventa inmobiliaria en efectivo debía reportarse a la UIF pasó de 200 a 750 salarios mínimos —de unos 53.000 a unos 200.000 dólares, aproximadamente.
Simultáneamente se eliminó el COTI, el código que obligaba a registrar las operaciones ante el fisco antes de escriturar, y se suprimió el cruce patrimonial que permitía detectar inconsistencias entre ingresos declarados y bienes adquiridos. El objetivo oficial fue movilizar los "dólares del colchón". El efecto sobre el control del lavado inmobiliario es el opuesto.
Las cripto
El vector de crecimiento más acelerado fue de los activos virtuales. Su atractivo para el lavado es técnico: permiten mover sumas enormes sin cruzar una frontera física, fragmentar transacciones en miles de operaciones pequeñas y dificultar la trazabilidad mediante técnicas de "mixing".
Según el informe de gestión 2024 de la PROCELAC, en una sola causa un imputado realizó aproximadamente 4.000 operaciones con criptoactivos por un valor superior a 116 millones de dólares, sin contar con un perfil patrimonial que lo justificara. En varios casos se identificaron transacciones inmobiliarias en las que se aceptaron criptomonedas directamente como forma de pago —cerrando el círculo entre dos vectores principales.
Argentina recién incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2024, mediante la Ley 27.739. Antes de eso, operaban sin obligación de reportar operaciones sospechosas. El GAFI lo señaló como una deficiencia relevante en su evaluación. El cambio comenzó a ser operativo a partir de 2025.
El marcador
Entre 2019 y marzo de 2024, según datos del PROCELAC presentados ante el GAFI, Argentina dictó 91 sentencias condenatorias por lavado de activos —un promedio de 17 por año. El delito precedente mayoritario fue el narcotráfico. El propio informe del GAFI califica ese número como "relativamente bajo para un país de la dimensión de Argentina" y señala que la mayoría de las condenas corresponden a esquemas de lavado "relativamente simples", lo que solo se corresponde de forma parcial con el perfil de riesgo real del país.
El dinero que no fue condenado ni decomisado sigue circulando. Es presumible con toda lógica que su destino sean departamentos, wallets, sociedades offshore, negocios que pagan en efectivo y declaran pérdidas. El sistema no lo ve porque aparentemente no está diseñado para verlo —o cabría plantearse, porque parte del sistema prefiere no hacerlo.
Argentina: geografía, infraestructura y tiempo
Argentina no produce coca ni es el destino final del grueso del tráfico. Pero está en el corredor posible entre los productores y Europa, destino potencial de consumidores. Geografía.
El informe de gestión 2024 de la PROCUNAR documenta organizaciones que operan desde cárceles federales dirigiendo simultáneamente homicidios y narcotráfico. No como excepción: como modalidad establecida.
El fentanilo todavía no llegó masivamente al mercado local. Pero la infraestructura de adulteración ya existe y ya mató. El caso Puerta 8 lo demostró: 24 muertos en Tres de Febrero por cocaína adulterada con carfentanilo, un análogo del fentanilo usado para sedar fauna salvaje.
La cadena de distribución local ya tiene capacidad de incorporar sintéticos sin que el consumidor lo sepa. En declaraciones al medio Infobae durante su visita a Argentina en abril de 2024, mientras estaba al frente del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson fue precisa: es cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en América Latina.
El mapa del consumo local muestra las dos velocidades del mercado. En la base de la pirámide, el paco, la cocaína de baja pureza—barato, destructor, generador del consumidor que hasta trabaja para el distribuidor, para sostener su adicción. En estratos medios y altos, drogas sintéticas de circulación creciente y discreta, cuya adulteración con fentanilo el consumidor frecuentemente desconoce.
Entre Ríos: una causa en desarrollo
El mismo fin de semana, en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, la justicia federal habría ordenado un allanamiento en el pabellón de presos federales en el marco de una presunta denuncia por un supuesto plan de sicariato contra funcionarios judiciales y provinciales. La causa está activa.
La información fue difundida mediante comunicado oficial del gobierno provincial. La investigación está bajo reserva de sumario. Este medio seguirá la evolución de la causa.
Lo que El Mencho y Argentina tienen en común
No es el tamaño. Es la lógica. Cuando el Estado ajusta con instrumentos serios —juicios orales, inteligencia, cooperación interinstitucional— el negocio responde atacando al sistema que lo amenaza. En México, con una organización presente en 40 países.
En Argentina, el PROCUNAR ya documentó que operar desde una cárcel federal no es un obstáculo para dirigir organizaciones narco. No como hipótesis. Es una modalidad.
Si el negocio puede escalar en Argentina, está contestándose con hechos.
Podemos preguntarnos qué tan tarde llegaremos a verlo en toda su dimensión.
Casa Tomada
Usamos fuentes para este informe:
UNODC, World Drug Report 2025
UNODC, Monitoreo de cultivos de coca en Colombia, octubre 2024
CDC, datos provisorios de sobredosis 2024 (publicados mayo 2025)
El Universal (México), datos DOJ sobre ingresos del narco mexicano
PROCELAC / GAFI, evaluación mutua Argentina 2024
PROCUNAR, informe de gestión 2024
Infobae, entrevista a la general Laura Richardson, abril 2024
Reuters
Gobierno de Entre Ríos, gacetilla oficial 22 de febrero de 2026
