Según la perspectiva de la Agenda 2030 de la ONU, la pobreza incluye, pero no sólo abarca los recursos monetarios que se emplean en las economías de mercado. Desde esta agenda se hace explícito que existen diferentes manifestaciones y causas asociadas, tales como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación, la información o la salud, la discriminación y la exclusión social, entre otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través los ingresos de los hogares. Casa Tomada pone a disposición la segunda parte del informe, analizado estadísticamente.
Como se dijo, en la actualidad, el Estado argentino mide oficialmente la pobreza a través de los ingresos corrientes de los hogares. Esta medición monetaria de las privaciones se apoya en el supuesto de que la población logra a través de los ingresos del hogar acceder a los bienes y servicios necesarios para garantizar un nivel de bienestar económico normativamente aceptable.
Pero si bien existe cada vez mayor consenso –incluso a nivel oficial- respecto a que la pobreza es multidimensional, la práctica habitual ha sido la definición de metas de erradicación basadas en umbrales monetarios, lo cual ha sido justificado por problemas de disponibilidad de información y principalmente por las dificultades para consensuar una medida multidimensional.
Sin embargo, existen buenas razones para avanzar hacia mediciones más integrales o completas del fenómeno de la pobreza.
Incluso, recuperando, aunque resignificando, el papel del ingreso monetario como medida para el desarrollo de capacidades autónomas de bienestar en una economía de mercado.
Durante los últimos años se han desarrollado diferentes métodos de medición multidimensional de la pobreza a nivel internacional y para América Latina ha profundizado la crítica al ingreso como medida del bienestar, a partir de considerar que el bienestar no sólo debe definirse por las necesidades sino también en el plano de las capacidades para funcionar y participar plenamente en la sociedad.
En igual sentido avanza Townsend (1962), quien identifica a los pobres en función de los recursos económicos (medidos por el ingreso) y el estándar de vida (medido a través de las condiciones materiales y sociales en las que cada persona vive, así como su participación en la vida social, cultural y política del país o sociedad en que habita).
En el ámbito regional se destaca como antecedente el antiguo Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual evalúa de manera directa la satisfacción efectiva de un conjunto de condiciones asociadas a necesidades básicas en relación con la vivienda, servicios, capacidades de subsistencia de los hogares y escolarización.
La medida de NBI adoptó el enfoque de unión, tomando como referencia las privaciones observadas para cada uno de los indicadores evaluados, determinando la condición de pobreza al cumplirse al menos una de las condiciones establecidas. Pero más allá de que este índice fue siempre “poco generoso” con los pobres, dado los bajos umbrales de bienestar propuestos, su aporte ha sido sustantivo para estudiar la pobreza estructural en sociedades duales.
En igual sentido, a partir de estos estudios se hizo evidente la no necesaria correlación, al menos en sociedades duales como la nuestra, entre la pobreza medida por ingresos y cualquier que recogiera indicadores vinculados al acceso a infraestructura, bienes y/o servicios sociales.
A partir de una metodología matricial entre ambas dimensiones, una serie de trabajos germinales construyeron una tipología que hizo posible mostrar la presencia social de diferentes formas de privación económica (Beccaria y Minujín,1985, Katzman, 1989).
Es sabido que el crecimiento económico no se plasma automáticamente en una mejora del nivel de vida de las personas y grupos excluidos y marginados, a menos que se adopten medidas o políticas públicas adecuadas para generar condiciones de igualdad real (CEPAL, 2016; PNUD, 2016; CIDH, 2011).
Desde un enfoque de derechos humanos, el estudio de la pobreza debe partir del reconocimiento de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación son titulares de derechos y agentes de cambio, es decir, capaces de participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que les atañen, entre ellas, demandar protección y rendición
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado en una de sus publicaciones más recientes que “la pobreza representa un nivel crítico de privación, que pone en entredicho la sobrevivencia, la dignidad y el goce efectivo de derechos de las personas que se encuentran en esa situación, dimensiones que no se limitan a la carencia de un ingreso monetario suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos” (CEPAL, 2016: 65), adoptando en sus elaboraciones el enfoque de derechos. de cuentas por parte de los Estado.
Pero uno de los grandes desafíos que enfrenta esta perspectiva es la condición de invisibilidad a la que son sometidas estas privaciones. En consecuencia, un primer paso fundamental es otorgar al problema de la pobreza su debida consideración y visibilidad (CIDH, 2017).
Es en este sentido que dar cuenta del nivel de privaciones no monetarias puede ser un aporte para ampliar la medida tradicional de pobreza centrada en el aspecto monetario, a continuación, se presenta la evolución que presentaron las carencias en relación a un conjunto de dimensiones asociadas de derechos económicos y sociales y definiciones operativas.
El análisis se realizó de manera desagregada por dimensión y considerando el nivel de intensidad o acumulación de distintas carencias considerando a los que se encuentran privados en al menos una dimensión, los que presentan dos o más carencias y los que se encuentran en situación de privación más aguda que presentan 3 o más privaciones en dimensiones de derechos sociales y económicos.
ALIMENTACIÓN Y SALUD Dimensiones de derechos sociales Acceso por parte del hogar a una alimentación suficiente y a una dotación de recursos públicos o privados suficientes para hacer frente a situaciones de riesgo respecto a la salud.
VIVIENDA DIGNA Acceso a una vivienda segura en condiciones y espacios adecuados para el refugio, el descanso y la convivencia.
ACCESOS EDUCATIVOS Acceso a credenciales otorgadas por instituciones educativas formales según ciclo de vida/cohorte etaria de la población.
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Acceso a servicios básicos en materia de saneamiento y calidad de vida (no incluye información).
ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Acceso a un medio ambiente que no presente factores contaminantes que afecten a la salud en las cercanías de la vivienda.
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Acceso a un empleo decente y/o a un sistema de seguridad social no asistencial que provea de protección integral.
Dimensión Indicadores Definiciones
ALIMENTACIÓN Y SALUD
Redujeron de manera involuntaria la porción de comida y percibieron de manera frecuente experiencias de hambre de algún componente del hogar por problemas económicos durante los últimos 12 meses. No tienen cobertura de salud y que no han podido acceder a atención médica por falta de recursos económicos. No tiene cobertura de salud y no han podido acceder a medicamentos por falta de recursos económicos. Inseguridad alimentaria severa Sin cobertura de salud y sin acceso a medicamentos Sin cobertura de salud y sin acceso a atención médica
SERVICIOS BÁSICOS
No dispone de acceso a conexión de agua corriente de red. La vivienda no se encuentra en barrios de nivel socioeconómico alto. Registra ausencia de conexión a red cloacal. La vivienda no se encuentra en barrios de nivel socioeconómico alto. No dispone de conexión de red de energía eléctrica ni a red de gas natural. Sin conexión a red de agua corriente Sin conexión a red cloacal Sin acceso a red de energía
VIVIENDA DIGNA
Registran hacinamiento (residen 3 y más personas por cuarto). Habitan viviendas que por su tipo (casillas, ranchos, piezas de hotel) o sus materiales resultan deficitarias (se evalúa la calidad de los materiales de las paredes de la vivienda). No disponen de retrete en la vivienda o disponen de retrete sin descarga mecánica de agua. Déficit en el servicio sanitario Presencia de basurales
MEDIO AMBIENTE
Hay presencia de basurales en las cercanías de la vivienda. Hay presencia de fábricas contaminantes en las cercanías de la vivienda. Espejos de agua contaminada Cerca de la vivienda hay lagos, arroyos o ríos contaminados. Presencia de fábricas contaminantes
ACCESOS EDUCATIVOS
O bien en el hogar hay al menos 1 niño o adolescente de entre 4 y 17 años que no asiste, o algún adulto de 18 años sin secundario ni asistencia. Los criterios en relación con la asistencia y a los niveles mínimos para la población de 19 años y mayor se establecen en virtud de las normativas vigentes por lo que las edades varían año a año. Los que forman parte de la cohorte de nacimiento 1989 y las siguientes deberán tener finalizado el nivel medio, los que pertenecen a la cohorte de nacimiento 1983 hasta 1989 deberían haber completado hasta segundo año de la escuela media. En el caso de que tengan entre 19 y 24 años y asistan a instituciones educativas formales no se considerará déficit de rezago educativo. Los criterios en relación con la asistencia y a los niveles mínimos se establecen en virtud de las normativas vigentes por lo que los que tuvieran para todas las cohortes de nacimiento anteriores a 1983 se considerará como nivel mínimo requerido el nivel primario completo. Rezago Educativo escuela primaria (37 años en adelante)
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El hogar no cuenta con ningún ingreso registrado en la seguridad social proveniente de a) empleos en relación de dependencia o por cuenta propia. b) jubilaciones o pensiones contributivas. Sin afiliación al sistema de seguridad social
Hacinamiento Vivienda precaria Inasistencia (4 a 17 años)
Rezago educativo escuela media (19 a 36 años)
A lo largo del período la evolución de las distintas dimensiones se muestra dispar, observándose de manera simultánea como algunos aspectos revelan importantes mejoras otros muestran un deterioro sostenido, particularmente en los últimos años.
Bajo un escenario de estancamiento económico de largo plazo, agravado por la crisis a partir de 2018, la situación tendió a agravarse aún más en contexto de pandemia. Sin embargo, durante este período también se llevaron a cabo cambios positivos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la población que consistieron en la inversión en infraestructura y la extensión en la cobertura de la política social a partir de distintos programas sociales.
En este proceso heterogéneo se distinguen dimensiones en las que se observan mejoras y otras en las que se destaca un persistente deterioro.
Entre estas últimas y de manera consistente al contexto planteado más arriba se ubican las dimensiones alimentación y salud y empleo y seguridad social. En ambos casos la tendencia al incremento del déficit tiene inicio en el año 2015 y toca su punto máximo en el año 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia, para tener una leve recuperación en 2021.
Para el año 2021 el 32% de los hogares urbanos de la Argentina no registraba ingresos por jubilación o por empleo registrado, mientras que el 26%, o bien presentaba inseguridad alimentaria severa o sin tener cobertura médica no había podido acceder a atención médica o medicamentos, los porcentajes alcanzaban al 26% y al 20% de los hogares respectivamente en 2010.
La crisis económica y el papel que jugaron en esta los incrementos de los precios de bienes básicos como los alimentos y los medicamentos constituyen elementos explicativos de esta dinámica, junto con esto la pérdida de ingresos reales como consecuencia del proceso inflacionario y la falta de creación de empleos de calidad en términos netos aportan al escenario de crisis. Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
No se observan cambios significativos en el acceso a la educación. Con una tendencia a incrementar el déficit hacia 2016, los niveles tienden a estabilizarse para después descender levemente. Cerca de 3 de cada 10 hogares tienen al menos un niño/a y/o adolescente en edad escolar que no asiste a instituciones educativas formales o algún adulto que no ha alcanzado el nivel mínimo de acuerdo a su edad.
En el análisis de la evolución se destaca que tras el incremento en 2016 tuvo lugar una tendencia al descenso del déficit que se frena y revierte en el año 2020, probablemente como consecuencia de los efectos de la pandemia sobre los niveles de asistencia escolar
Las dimensiones acceso a servicios, vivienda y medio ambiente saludable experimentaron por otra parte una mejora significativa a lo largo del período. Particularmente las dos primeras como consecuencia de la inversión pública en obras públicas. La mejora en el acceso a servicios públicos se expresa en una disminución de 10 pp. del déficit observable en 2010, en aquél entonces el porcentaje de hogares sin acceso a servicios públicos alcanzaba al 38%, reduciéndose esta proporción a 28% para los hogares urbanos de todo el país en 2021. Se revela también una tendencia sostenida que muestra una mejora a lo largo del período para la vivienda, esta se explica principalmente por la disminución del déficit en el servicio sanitario
A su vez también tuvo lugar una reducción del déficit en el acceso a un medio ambiente saludable donde si bien se registra una mejora respecto a los niveles de 2010, para 2021, aún el 27% de los hogares urbanos residía cerca de basurales, fábricas contaminantes o espejos de agua contaminados (Gráfico 2.1). Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Entre 2010 y 2021 tuvo lugar un descenso de los niveles de carencias para los hogares en sus distintos niveles de concentración, los hogares que experimentaban al menos una carencia cayeron del 68% al 64%, los que padecían dos o más carencias se redujeron del 46 al 42%, mientras que los que presentaban 3 carencias o más disminuyeron del 31% al 27%.
Vale aclarar que, si bien se registra un descenso general, el mismo no es muy elevado ni particularmente sostenido dado que esta mejora a nivel agregado se observa especialmente entre los primeros años, a partir del año 2013 no se observan modificaciones relevantes y la tendencia es solamente alterada por los efectos de la pandemia en 2020 y una relativa recomposición en 2021
Brechas en carencias en dimensiones de derechos
Al evaluar la evolución de las privaciones no monetarias en función de su cantidad se revela un leve descenso para todas las situaciones, es decir que a nivel agregado se observa una mejora en el promedio de carencias.
El análisis de cada dimensión a nivel desagregado muestra sin embargo una dinámica dispar marcada por la mejora en dimensiones relativas a la infraestructura y la inversión pública puntual en obras de distinto tipo, mientras que un deterioro marcado en las dimensiones asociadas al desarrollo económico y de la capacidad de consumo de la población. Esta perspectiva no desarrolla un aspecto clave en el análisis del desarrollo humano que está relacionado con las brechas que existen en el acceso a derechos, a continuación, se presenta un conjunto de observaciones sobre este factor.
Se muestran los resultados para dar cuenta de las brechas entre estratos socio-ocupacionales y su evolución a lo largo del tiempo, los datos están organizados según la dinámica de cada dimensión diferenciado las dimensiones que empeoraron, las que no experimentaron cambios y las que mejoraron a lo largo del período 2010-2021
Las dimensiones que empeoraron. Alimentación y salud, empleo y seguridad social
El deterioro de la dimensión acceso a la alimentación y salud muestra una tendencia sostenida que inicia en el año 2016 que se acentúa hacia 2019 tocando su punto más alto en 2020 en el contexto de pandemia. La dinámica es fuertemente heterogénea entre los hogares según su estrato socio-ocupacional, los estratos medios profesionales no registran cambios relevantes a lo largo de todo el período ubicándose en valores de déficit cercanos al 2%, los de estratos medios no profesionales muestran niveles cercanos al 10% a lo largo de toda la serie con un pico hacia 2019 de 14% que se revierte en los años siguientes.
La evolución en cambio resulta desfavorable para los estratos bajos integrados con una tendencia negativa que inicia en 2018 y llega a alcanzar al 32% de los hogares en 2019, para descender levemente en 2020 y 2021.
Los hogares de estrato bajo marginal experimentaron un descenso en el déficit en 2015 respecto el año anterior para luego comenzar una tendencia de marcado deterioro, donde para el año 2021 el, el 57% de los hogares padecía inseguridad alimentaria severa o no había podido acceder a medicamentos o atención médica por falta de recursos económicos.
El déficit en el acceso al empleo y la seguridad también experimentó una tendencia ascendente a partir de 2015, alcanzando su máximo nivel en 2020 llegando a afectar a 1 de cada 3 hogares urbanos en la Argentina. En este caso también se destacan importantes brechas entre estratos, pero se destaca especialmente la heterogeneidad de la dinámica entre grupos.
Mientras que los hogares de estratos medios profesionales no experimentaron cambios de relevancia a lo largo del período, los hogares de estratos medios no profesionales sufrieron un deterioro relevante entre los años 2019-2020, recuperando parcialmente su situación hacia 2021.
Los estratos bajos en cambio muestran una tendencia mucho más desfavorable marcada por un fuerte incremento del déficit en los estratos bajos marginales a partir de 2016 y un incremento también relevante aunque a un ritmo inferior entre los hogares de estratos bajos integrados desde 2017 (Gráfico 2.4)
Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).
