Desde el primer día del mes de agosto, Casa Tomada no sólo transcribe partes importantes de los alegatos de la Fiscalía, y de las defensas de todos los imputados, sino que también se conecta en directo con el canal del Poder Judicial. A continuación, un resumen hasta hoy.
1° de agosto
El fiscal Diego Luciani comenzó hoy temprano su alegato diciendo “este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF – la Unidad de Información Financiera - tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita”.
Casa Tomada, en vivo, escuchaba como el fiscal del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros, dio comienzo a su alegato planteando que para la fiscalía “se trató de una asociación ilícita, de características singulares. Se trató – dijo – de una organización a la manera de una figura de espejo, resultante de la imagen del organigrama estatal.
“Se trató de una asociación ilícita piramidal, continuó Luciani, que tuvo en su cúspide, a sus jefes, quienes justamente terminaron como jefes de Estado; fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo, valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de sus respectivos cargos y el poder político que ejercían, realizaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo.
Tras asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación, y luego su esposa, Cristina Elisabet Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y provincial de Santa Cruz, una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente, y tristemente se han realizado en el país.
Y cuando digo extraordinaria, no es que considere que existe una corrupción ordinaria, … lo extraordinario es por las características inusuales de la organización. Capacidad de acción, división de roles perfectamente coordinada, una estructura y una férrea estructura; permanencia en el tiempo, ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir o de denunciar la corrupción de este delito.
La finalidad de esta asociación, consistió en la extracción de fondos del Estado, para un beneficio particular o un tercero. Y para la cual se eligió el siguiente medio: la adjudicación y direccionamiento de obras viales para la Provincia de Santa Cruz. Y de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces Presidente de la Nación y socio comercial de éste, y de su esposa.
Y así, enmascarando sus fines con un propósito noble, que era la pretendida política de desarrollo vial para el Estado Nacional y en particular para la provincia de Santa Cruz, se produjo lo contrario".
2 de Agosto
El fiscal Diego Luciani hoy a la mañana hizo una fundamentación técnica jurídica de los principios licitatorios públicos y señaló “lamentablemente la situación de corrupción se ha arraigado, se ha naturalizado, y ha acompañado a nuestra sociedad como parte irremediable de la contratación pública".
En ese sentido, el Dr. Diego Luciani remarcó "no debemos olvidar que nos comprometimos como Estado argentino, cuando aprobamos en nuestro ordenamiento interno, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptar medidas preventivas tendientes a crear, a mantener, fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios, por parte del Estado, que aseguren la publicidad, la equidad, y la eficiencia de tales sistemas.
Además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fuera aprobada por la Ley 26097, concretamente en el artículo 9, referido a Contratación Pública, nosotros, Argentina, nos comprometimos a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, en la competencia, en criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces para prevenir la corrupción.
Estos estándares se encuentran presentes en organismos que financian también, obras públicas, podemos mencionar por ejemplo las normas de contratación del BID del año 2011, que exige la igualdad de competir, como así también exige observar altos niveles éticos, estableciendo un catálogo taxativo de prácticas prohibidas. Y, lo mismo sucede, con las normas para evitar la corrupción del Banco Mundial del año 2011, que fueron revisadas en el 2014, y recordemos también que ya en el año 2007, cundo en Santa Cruz hubo una catarata de licitaciones públicas, asignadas a Lázaro Báez, la orden en paralelo afirmaba: la contratación pública ha sido considerada como la actividad gubernativa más vulnerable a la corrupción. Por eso señores jueces, este tema se ha convertido en una preocupación mundial.
Tal como lo atestiguan iniciativas de instrumentos promovidas por la ONU, OCDE, la Unión Europea, en el ámbito de la prevención, como también en el ámbito de la represión, y sin embargo, más allá de la normativa que se ha incorporado en nuestra normativa interna, a pesar de las recomendaciones, alertas internacionales, esto fue absolutamente e inexplicablemente desoído, permitido y soslayado durante doce años en nuestro país, a pesar de que ya era fácil detectar estas maniobras ilegales; en especial si se tiene en cuenta la concurrencia de empresas del mismo grupo empresarial, o amigos-socios. O que en los diferentes contratos eran obtenidos incluso por la misma persona o la misma empresa.
Es imposible que esa habitualidad no fuera detectada, es imposible que haya pasado inadvertido durante años ante las narices de toda la Administración Pública, porque era una situación fáctica innegable, y fácilmente detectables", sostuvo.
Más adelante, el fiscal dijo “permitieron que se instalara en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz un sistema de corrupción permanente. Se realizó en la obra pública una gestión pública alejada de los intereses de la sociedad, obligando que la Administración Pública deje de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Palabras más palabras menos, despedazaron el Estado de Derecho.”
8 de Agosto
Cristina Kirchner contraataca en el Juicio en su contra
La vicepresidenta tuiteó anoche, una serie de posteos, donde pone en duda la imparcialidad de uno de los fiscales, Diego Luciani, y del presidente del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de CABA N°2 Rodrigo Giménez Uriburu, y anuncia que recusará a ambos. Esta mañana, temprano, su abogado defensor lo hizo.
"Todo hace juego con todo. Hoy, - por ayer - Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido", afirma Cristina Kirchner en Twitter. Y postea la foto del equipo.
19 de Agosto
El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola continuaron hoy con la octava parte de su alegato en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez. En la jornada de hoy la fiscalía profundizó en los “canales exclusivos” para el cobro de los contratos viales adjudicados irregularmente, la quiebra de Austral Construcciones y la adquisición de bienes por parte del Grupo Báez. También repasó las declaraciones indagatorias de los imputados y la calificación legal de las conductas desplegadas.
Más comunicaciones del teléfono de López
En la continuación del alegato, el fiscal Luciani continuó con el análisis de las comunicaciones obtenidas del teléfono de José López -secuestrado el 14 de junio de 2016-, que permitieron “reconstruir, evidenciar cómo desde las más altas estructuras del Poder Ejecutivo se llevaron a cabo las acciones concretas que les permitió cumplir con el plan sistemático de corrupción trazado a lo largo de doce años”. Agregó que ello dejó al descubierto “la intervención directa de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Abel Fatala, entre otros, en pos de beneficiar de manera ilegal a Lázaro Báez y su conglomerado de empresas”.
Mostró un mensaje entre Amilcar Fredes y José López, del que surge que el exsecretario de Obras Públicas, el expresidente del Banco Nación y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad intentaban ayudar a Lázaro Báez para que obtenga los pagos, y agregó que el empresario tenía un canal privilegiado, porque “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”. También se exhibieron otros mensajes entre López y empresarios de la construcción como Osvaldo y Fabián de Sousa -del grupo CPC, que compitió de manera ficticia con las empresas de Báez-, referidos al manejo de los pagos de los contratos viales.
El plan “limpiar todo”
La fiscalía volvió a referirse al plan “limpiar todo” y recordó que el 23 de noviembre de 2015 -al día siguiente de las elecciones presidenciales- Julio De Vido “modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó $102.500.000 extra para el pago de obras por convenio”. Luego exhibió nuevos mensajes, entre José López y Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- mediante los cuales coordinaron el procedimiento.
Explicó que así, el 25 de noviembre de aquél año, la Administración General de Vialidad santacruceña “presidida por Raúl Santibañez emitió resoluciones en las que se aprobaron las actas de redeterminación y se autorizó el pago de certificados de las empresas del Grupo Austral por un monto mayor a 537 millones de pesos. A los pocos días, iban a abandonar las rutas, todas las empresas, pero se llevaron esta cantidad de dinero extra”, destacó el representante del Ministerio Público Fiscal. También hizo hincapié en una serie de mensajes de los que surgió una reunión que mantuvo, al día siguiente, José López con la vicepresidenta y que, luego, el funcionario se contactó con la nuera de Cristina Fernández para coordinar una reunión con Máximo Kirchner.
Luciani también destacó que “la planificación del cierre de las empresas venía desde la Presidencia de la Nación” y añadió que “las directrices no solo abarcaban los pasos de acción, sino que también se baja una línea discursiva respecto de qué debía informarse a los empleados de la empresa bajo el mando de Lázaro Báez”. Así, exhibió otra serie de mensajes entre López y Mendoza respecto a la construcción de la comunicación “hacia adentro, a la comunidad y a los empleados” y el establecimiento de “un relato para los tres actores”, para “no dar sensación de fuga”.
En otro tramo de su exposición, el fiscal habló de la reunión del 30 de noviembre entre López y Cristina Fernández, que tuvo lugar en Santa Cruz, respecto de la cual exhibió mensajes entre el exsecretario de Obras Públicas y el dueño y el presidente de Austral Construcciones. “Cristina Fernández había orquestado este plan de huir, abandonar las rutas y limpiar todo, dejando en la calle a miles de trabajadores y un inconmensurable perjuicio para el Estado”, puntualizó.
“Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y [para] sustraer fondos ilegales del Estado (…) Tal es así que, cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández, por orden de la entonces Presidenta de la Nación, la empresa desapareció, se esfumó", recalcó el fiscal, y agregó “que esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces Presidenta”.
Luciani indicó que las comunicaciones obtenidas del teléfono de José López permitieron “reconstruir, evidenciar cómo desde las más altas estructuras del Poder Ejecutivo se llevaron a cabo las acciones concretas que les permitió cumplir con el plan sistemático de corrupción trazado a lo largo de doce años”.
El concurso y la quiebra de Austral Construcciones
Luciani se abocó luego a analizar los procesos de concurso y quiebra de la empresa de Lázaro Báez. Austral construcciones operó entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. En tal sentido, señaló que era “significativo que una empresa que manejaba el nivel de facturación de Austral Construcciones, cuando terminó la gestión del gobierno que la beneficiaba, directamente cese en su actividad y no tenga fondos disponibles en caja. Incluso, la gestión concluyó dejando una deuda enorme al Fisco Nacional”, todo ello a pesar de recibir grandes fondos y haber adquirido bienes “que ninguna relación tenían con el desarrollo de la actividad como constructora”.
En 2016, “Austral ya no era una estructura útil”, por lo cual entonces se concursó, pero fracasó porque “la justicia puso límites”, consideró la fiscalía e indicó que los jueces que intervinieron en el proceso “se dieron cuenta que no era un concursamiento serio”. Así, leyó la resolución de la jueza del proceso que indicaba que “no estaba claro cuál era la organización interna de la sociedad”, por lo que rechazó el pedido de concurso, que fue confirmado por la cámara del fuero.
Finalmente, la quiebra se decretó, en 2018, por el reclamo de un acreedor comercial que invocó un crédito de un poco más de 3 millones de pesos. “Es un crédito insignificante para los millones y millones que otorgó ilegalmente la Administración Pública durante doce años”, consideró el fiscal, y agregó que, a pesar de haber cobrado 537 millones de pesos días antes de abandonar las rutas, “por un crédito de tres millones de pesos van a la quiebra”. Luciani recalcó que era “llamativo que una empresa con un activo como el de Austral se deje declarar la quiebra por un monto tan insignificante” y agregó que “no solo abandonaron las rutas, sino que también la empresa fue abandonada”.
La fiscalía también se refirió a que los acreedores que se presentaron en el concurso, no lo hicieron en la quiebra. Tras ello, citó el informe general del síndico de la quiebra de Austral Construcciones del que se desprende que “compraron bienes, compraron empresas” y ello les impidió hacer frente a sus obligaciones. También habló de las deudas personales de los accionistas con la empresa y de los retiros anticipados de dinero efectuados, que agravaron la insolvencia de la firma, que desencadenó en la quiebra.
“Austral Construcciones fue una cáscara, que fue creada por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones financiadas con fondos del Estado Nacional”, sostuvo la fiscalía. “Lázaro Báez montó un emporio con dinero de todos los argentinos y, cuando Cristina Fernández dejó de ser Presidenta, abandonó las rutas, abandonó a su empresa, se quedó con el dinero de todos los argentinos y una colosal cantidad de bienes muebles e inmuebles. Esto era Lázaro Báez”, enfatizó.
Los bienes adquiridos por el Grupo Báez: “La dimensión del dinero sobrante de la obra pública”
Luego, la fiscalía se abocó a analizar la compra de distintos bienes por parte del Grupo Báez entre 2003 y 2015 y entendió que “Lázaro Antonio Báez desvió una porción considerable de los fondos públicos percibidos en concepto de adelantos financieros y otros certificados de obra, en el marco de las 51 obras públicas, hacia fines diferentes a aquellos a los que estaba obligado”.
Así, se refirió a la compra de grandes extensiones de tierras en la provincia de Santa Cruz, “en beneficio propio y en detrimento de las inversiones que debía realizar en las obras que estaban bajo su responsabilidad”. Se trata de 293 inmuebles y 972 automotores -distribuidos en ocho provincias-, aviones “e incluso 55 millones que, tal como lo explicó Leonardo Fariña, fueron fugados al exterior del país por canales ilegales”, señaló la fiscalía.
“Este dinero debió estar invertido en las obras públicas, que se comprometieron a realizar en tiempo y forma. Sin embargo, las rutas fueron abandonadas intempestivamente cuando cesó el mandato de Cristina Fernández, por orden y decisión de Cristina Fernández. Justamente, cuando se fue la gestión del gobierno que los benefició ilegalmente durante doce años”, enfatizó Luciani en su exposición.
“Austral Construcciones fue una cáscara, que fue creada por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones financiadas con fondos del Estado Nacional”, sostuvo la fiscalía.
El testamento de Báez
La fiscalía continuó su alegato con el análisis de un testamento firmado por Lázaro Báez en julio de 2010 y en el que “dispuso que sus bienes no puedan ser distribuidos entre sus herederos legítimos por término de 30 años después de fallecimiento”. Agregó que el documento “traza la relación directa entre Lázaro Báez y los que fueran los presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
Para la fiscalía, el testamento tuvo como objetivo “evitar que esos bienes ingresen al patrimonio de sus herederos legítimos, al menos por el termino de 30 años y, a la par, asegurarles a terceras personas la continuidad y prórroga de ciertos contratos, a través de los cuales esos terceros estaban obteniendo suculentos beneficios”.
Agregó que el documento fue otorgado para “garantizar la continuidad de la maniobra, con la estructura previamente creada al efecto. La imposición de la indivisión de bienes estuvo dirigida a evitar que se fragmente la fortuna mal habida por Báez, procurando impedir que, ante su fallecimiento, cada heredero tome su parte y le ponga fin al flujo de fondos dirigido hacia sus destinatarios finales: los terceros ajenos al testamento”.
“Después de exhibir el escandaloso cuadro probatorio no comprendo cómo pueden seguir manifestando dogmáticamente y sin mayores argumentos que no se han cometido actos de corrupción. Peor aún, han llegado al extremo del cinismo de considerarse víctimas de una injusta persecución por parte del Poder Judicial”, cuestionó la fiscalía.
Las declaraciones indagatorias
Tras un cuarto intermedio, el fiscal Sergio Mola continuó el alegato con foco en los argumentos de la imputada y los imputados vertidos en sus declaraciones indagatorias, y rebatió cada uno de ellos, con base a las pruebas de la causa.
Respecto a la idea del “law fare” -esgrimida por las defensas de Cristina Fernández, De Vido, Periotti y Lázaro Báez- señaló que tal construcción jurídica no existe y que “es parte de un entramado político que tiende a desacreditar investigaciones penales por procesos graves de corrupción seguidos contra funcionarios, ex mandatarios, empresarios”. Agregó que “es usual observar que cuando los investigados o las personas que resultan condenadas no pueden revertir los hechos o las pruebas en los distintos procesos penales, se empleen este tipo de estrategias que resultan ajenas al ámbito jurídico o procesal. Así, se autoproclaman perseguidos o invocan esta nueva terminología de ‘law fare’”.
Para el fiscal, “esto significa, de alguna manera, negar que el proceso penal transita por los carriles legales en busca de la verdad y, por otro lado, también es una herramienta que tiene el objetivo de presionar, amedrentar o perseguir a los magistrados que llevan adelante investigaciones complejas para disuadirlos de cumplir con su misión de hacer justicia, máxime si se trata de altos funcionarios del Estado”. Destacó que en el caso “se han respetado a rajatabla los derechos y garantías de todos y cada uno de los imputados”.
“Después de exhibir el escandaloso cuadro probatorio no comprendo cómo pueden seguir manifestando dogmáticamente y sin mayores argumentos que no se han cometido actos de corrupción".
Tras ello, entendió que el análisis de las pruebas revela “de qué manera el uso de facultades legales fue el resorte del que se valieron los imputados, para poder instaurar, concretar y sostener en el tiempo el plan criminal”. Luego se refirió a las obras adjudicadas a Báez, la designación de funcionarios de confianza en cargos clave y el aporte que efectuaron para “que se pudiera realizar y consolidar la defraudación que resulta motivo de reproche”.
Por otra parte, desestimó el argumento de las defensas de Periotti, De Vido, López y Fatala sobre la “necesidad real de realizar las obras públicas viales”. Consideró que lo que se discute “no es la decisión política de realizar obras viales en una provincia, o en favor de un determinado corredor vial u otro (…), lo que se discute y se encuentra probado es la existencia de una maniobra ilícita de direccionamiento de fondos, de licitaciones, de obras”. Agregó que “llama la atención que nunca se hayan preocupado por los monumentales atrasos que se produjeron en la ejecución de cada uno de estos contratos de obra pública”.
“La existencia de direccionamiento y la cartelización, era evidente”, destacó Mola y desestimó los argumentos de Periotti y López. “El direccionamiento tuvo un grado de sostificación tal, que los oferentes que no resultaron adjudicatarios, o bien eran empresas constructoras del propio Báez, o bien eran empresas que actuaron con total connivencia”.
La fiscalía insistió en la falta de controles y supervisión de los organismos y funcionarios provinciales y nacionales sobre lo procedimientos de adjudicación y la ejecución de las obras. También, se refirió a los convenios suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad santacruceña, a los cuales consideró como “el ropaje legal que permitió, intentando diluir responsabilidades, procurando mayor celeridad y condiciones de mayor impunidad, dar apariencia de legalidad a actos delictivos en el marco de la estructura que se había creado con división de roles”.
Sobre las redeterminaciones de precios, Mola señaló que lo cuestionado no eran los cálculos, sino que “la modificación de los costos por el desfasaje de la inflación se produjo por los tiempos excedidos de las obras que se retrasaban constantemente”, porque las empresas del Grupo Báez carecían de capacidad para afrontar las obras comprometidas.
Finalmente, se refirió a la tesis defensista sobre un “déficit en la descripción de los hechos”. Al respecto, sostuvo que la fiscalía analizó “cada una de las licitaciones y la participación que tuvo cada uno de los imputados en el marco de la maniobra”, por lo que se remitió a ellos.
La responsabilidad penal atribuida
Tras un nuevo cuarto intermedio, la audiencia continuó con la alocución del fiscal Luciani sobre la calificación penal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Cristina Fernández, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Pierotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Baéz, Abel Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Luciani explicó el delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 210 del Código Penal de la Nación, el cual refiere a la “intención de asociarse para cometer delitos” y agregó que las penas previstas se agravan para los jefes y sus organizadores.
Tras referirse a jurisprudencia internacional, el fiscal consideró que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios, que perduran en el tiempo con el fin de manipular, direccionar, avasallar la rectitud de las licitaciones públicas, con el consecuente saqueo de las arcas del Estado, como ha ocurrido en este caso, es perfectamente posible y adecuado encuadrar las acciones delictivas, en el delito de asociación ilícita”.
“Se ha constatado con certeza que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el arquitecto Julio de Vido, el ingeniero José López, el ingeniero Nelson Periotti y Lázaro Báez, respectivamente, instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte de ella", indicó el fiscal. Agregó que “esta asociación permaneció, de manera sostenida e ininterrumpida, a lo largo de 12 años; se dedicó a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos. Formaron e integraron una organización criminal destinada a la comisión de delitos".
Para el representante del MPF “no se trató de la realización de una o dos licitaciones irregulares, o de la intervención negligente o desaprensiva de un funcionario en el marco de una contratación. Se trató de situaciones que muestran muy claramente las notas características de una asociación ilícita, una estructura conformada por tres o más personas, que de manera organizada y permanente se asociaron para la comisión de diversos delitos con el fin de obtener un lucro indebido”.
“El direccionamiento tuvo un grado de sostificación tal, que los oferentes que no resultaron adjudicatarios, o bien eran empresas constructoras del propio Báez, o bien eran empresas que actuaron con total connivencia”.
“Esta asociación funcionó de forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal, y fuera de ella, a través de la instauración de una ingeniería societaria, creada y ampliada para tales fines. Su duración se extendió desde, al menos, el 8 de mayo de 2003, cuando se constituyó la empresa Austral Construcciones, hasta, por lo menos, diciembre de 2015, cuando finalizó el segundo mandato de Cristina Fernández”, destacó la fiscalía.
Para Luciani, “es claro que el expresidente Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, concertaron su voluntad para implementar una organización que permitiera alcanzar el objetivo buscado: sustraer fondos públicos millonarios, por medio de una defraudación al Estado Nacional, al menos a través de la aparente licitación y ejecución de la obra pública vial en Santa Cruz”. Se refirió también a una etapa posterior, que consistió en “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur´’”. Así, la fiscalía verificó que existía de “una pluralidad de planes delictivos”, entre los que se incluyó el retorno de los fondos habidos ilícitamente.
Jefes y organizadores
“Se encuentra acreditado el acuerdo de voluntades, celebrado entre los participantes de la asociación, cuyo número es mayor del exigido, que operó de manera permanente, en el cual cada uno realizó con dolo los aportes que fueron necesarios para consecución de la pluralidad de los planes delictivos analizados”, sintetizó la fiscalía, por lo que los imputados debían responder como coautores del delito de asociación ilícita. En esa línea, tuvo por probado que “la persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”.
Luego se refirió al rol de De Vido, López, Periotti y Báez, quienes fueron señalados como organizadores de la asociación. Sin embargo, y en relación a Carlos Kirchner, entendió que “la prueba producida en el debate no demuestra que efectivamente haya formado parte de esa organización ilícita”, por lo que propició su absolución respecto a la imputación que le fuera hecha.
En otro apartado de su alegato, la fiscalía consideró que se trató de una “organización criminal conformada por el conjunto de funcionarios, con la intervención de privados, con entidad suficiente para corromper todos los estamentos del poder y para perjudicar fuertemente, no solo el erario, sino la imagen de probidad que la función pública debe reflejar en la ciudadanía”. En tal sentido señaló que fue “una estructura capaz de desarrollar un estado paralelo al margen de la ley”.
Fraude en perjuicio de la administración pública
Posteriormente, tras un nuevo cuarto intermedio, el fiscal Mola retomó el alegato y se refirió a la figura de fraude en perjuicio de la administración pública, prevista en el artículo 173 del Código Penal de la Nación.
“No se trató de un simple caso de connivencia entre particulares, sino de un direccionamiento sistemático, organizado desde los máximos responsables políticos del país. Justamente aquellos que tenían una posición de garante respecto de los fondos públicos destinados a la obra pública”, destacó la fiscalía.
Mola sostuvo que, a excepción de Báez, la imputada y los imputados son ex funcionarios públicos nacionales o provinciales, y tenían a su cargo la administración del patrimonio público. Luego, destacó que “Cristina Fernández de Kirchner, como Presidenta de la Nación, era la responsable política de la administración general del país y, por lo tanto, tuvo a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado”.
La fiscalía también señaló que “la decisión de invertir, sostenida y prolongadamente en el tiempo, fondos en la provincia de Santa Cruz, se encontró acompañada por la finalidad extralegal de apoderarse de parte de esos fondos. (…) Y una de las principales beneficiarias de esos fondos, fue la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández”.
En su exposición, Mola también sostuvo que “la delegación de funciones sólo fue un mecanismo del que la imputada se valió para intentar tomar distancia de la maniobra y lograr su propia impunidad”. Añadió que se corroboró que “la ex presidente tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel para que llevara a cabo de manera sostenida la maniobra, informándose e impartiendo órdenes a sus ministros, quienes mantenían fluido contacto con las empresas constructoras de Báez”.
Posteriormente, la fiscalía exhibió una serie de publicaciones periodísticas que evidenciaron las distintas denuncias efectuadas sobre las irregularidades detectadas en la obra pública santacruceña y las empresas contratistas del Estado. Al efecto, destacó que ello no “despertó el interés de la expresidenta en indagar por el modo en que se desarrollaba la obra pública en Santa Cruz, financiada con fondos del Estado Nacional”.
En otra parte de su alocución, la fiscalía se centró en el rol del exministro Julio De Vido, quien “tenía el deber de administrar y velar por el patrimonio del erario”. Agregó que “se le atribuía la competencia para entender en la administración de los fondos asignados a cada una de las áreas de su competencia y eso incluía el cuidado de los fondos asignados a la Secretaría de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad”. Asimismo, consideró que tuvo injerencia en la determinación de la planificación de la obra pública, los pedidos de presupuesto y la modificación de partidas para su ejecución, y que se lo liberó de todo control “poniendo a su esposa en un cargo clave, en un organismo de control interno” como era la Sindicatura General de la Nación.
22 de Agosto
En la novena jornada de su alegato, el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola pidieron condenas de entre dos años de prisión en suspenso y doce años de prisión para las personas acusadas en el marco del debate oral y público que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Solicitaron la pena más alta para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y para el empresario Lázaro Báez, como consignamos en el adelanto, en tanto que requirieron penas más bajas dentro de aquella escala para otros once exfuncionarios públicos. La fiscalía pidió además la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos respecto de la y los imputados, y el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos (en rigor, $5.321.049.272,47), monto considerado del perjuicio económico causado; de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito; y de aquellos que resultaron su producto.
Los representantes del MPF requirieron también la extracción de testimonios a fin de que se investigue a personas físicas y jurídicas por diferentes delitos. Concretamente apuntaron la necesidad de establecer si las empresas Petersen, Thiele y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac se prestaron a maniobras de simulación de competencia en las licitaciones de obra pública; determinar la posible responsabilidad del titular del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNCOP), Gustavo Galloni, y de la inspectora de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Paola Kiernan, en algunos de los hechos investigados en esta causa; investigar posibles conductas ilícitas relativas a la licitación del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos; y profundizar en las conductas delictivas que surgen de las conversaciones del teléfono personal incautado a José López.
El pedido de penas
El fiscal Luciani solicitó que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
La fiscalía también solicitó 12 años de prisión, accesorias legales y costas para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.
En relación al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
En tanto, la fiscalía acusó como autores de administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y, en consecuencia, pidió condenas de 6 años de prisión, inhabilitación, accesorias legales y costas para los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Mauricio Collareda, y para el expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe.
“Los imputados, lejos de velar por los intereses que les fueron confiados, la administración eficiente de los recursos del Estado, quebrantaron su deber de fidelidad e hicieron prevalecer el interés personal de los expresidentes de la Nación y, consecuentemente, beneficiaron ilegítimamente a Lázaro Báez, garantizándole un lucro indebido a costa del Estado Nacional”.
En igual sentido se expresó respecto de otro exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich, y del expresidente de la AGVP, Raúl Gilberto Pavesi, respecto de quienes pidió una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y el pago de las accesorias legales y costas.
Por el mismo delito, Luciani pidió condenas de 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública para el exsubsecretario de Obras Públicas, Claudio Abel Fatala; y el ex presidente de AGVP, José Raúl Santibáñez. Requirió que también afronten las accesorias legales y las costas del proceso. Asimismo, solicitó que se imponga a Héctor René Jesús Garro -otrora presidente de la AGVP- la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, al tiempo que requirió que cumpla con el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal propició la absolución del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, respecto del delito de asociación ilícita por el que llegó imputado a juicio, y pidió su condena a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas como autor del delito de abuso de poder. Al igual que en el caso de Garro solicitaron que se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal por el término de la condena.
La responsabilidad penal atribuida y cuantificación del perjuicio económico causado.
En la audiencia del viernes pasado, y en las primeras horas de la jornada de ayer, la fiscalía analizó la calificación legal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Fernández, De Vido, López Periotti, Fatala, Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi, Santibañez y Báez y Carlos Kirchner.
Tras un cuarto intermedio, Mola retomó el alegato y explicó cómo la fiscalía efectuó los cálculos para estimar el perjuicio económico causado a la Administración Pública a través de la maniobra ilícita desplegada, que implicó “una cuantía desmesurada del daño causado” a los intereses patrimoniales del Estado.
“Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”.
La fiscalía indicó que el “perjuicio estaba dado por todo lo erogado en las obras que fueron abandonadas y rescindidas por la AGVP”, sin contabilizar aquellas que registraban un importante grado de avance al ser abandonadas; y por “todo lo erogado en las obras de remediación de canteras”. Explicó que a ello había que sumarle también las erogaciones efectuadas en las restantes obras “producto de la cartelización del incremento del monto contractual producto de las ilegítimas e ilegales modificaciones de obras; y lo pagado en virtud de las ilegales redeterminaciones de precios, que nunca debieron realizarse en razón de los ostensibles atrasos que tenían estas obras”.
Así, entendió que “el perjuicio lo causado al patrimonio del Estado por la maniobra delictiva perpetrada por los imputados no resulta menor que 5.321.049.272,47 de pesos. Dicho monto, considerado en dólares, asciende a U$S 926.166.134,69".
Administración infiel
Posteriormente, Mola se refirió a la “finalidad del lucro” y destacó que “los imputados tenían, de manera inequívoca, conocimiento de las condiciones bajo las cuales realizaban sus respectivos aportes a la maniobra" y que "cuanto menos Lázaro Báez y los ex presidentes se iban a ver económicamente beneficiados”.
Agregó que “los aportes al hecho de los funcionarios consistieron, en todos los casos, en una concatenación de conductas activas y omisiones que tuvieron, como resultado buscado, beneficiar económicamente de modo directo a Lázaro Báez, e indirectamente a los ex presidentes”.
“Los imputados, lejos de velar por los intereses que les fueron confiados, la administración eficiente de los recursos del Estado, quebrantaron su deber de fidelidad e hicieron prevalecer el interés personal de los expresidentes de la Nación y, consecuentemente, beneficiaron ilegítimamente a Lázaro Báez, garantizándole un lucro indebido a costa del Estado Nacional”, sintetizó la fiscalía.
Reflexiones finales
Previo a su petitorio, el fiscal Luciani efectuó unas consideraciones finales y destacó que “el Estado, como comunidad política y social, es la víctima de estos delitos” y advirtió “que no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran. Porque son, justamente, esos funcionarios los que deben velar por el respeto irrestricto de los principios de la contratación con el Estado. Ello con el fin de evitar, la cartelización. No pregonarla, ni mucho menos, organizarla”.
“En el caso analizado fueron los máximos responsables políticos del país, quienes la han organizado, burlándose de la confianza social de la que eran depositarios, y del poder in situ en las funciones y prerrogativas propias de los cargos con los que fueron investidos”, agregó el representante del MPFN.
“La sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces, como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos".
Luciani señaló que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”. Añadió que, en ese contexto, “nadie estaría de acuerdo en que la Justicia mirara hacia otro lado cuando los funcionarios persiguen finalidades alejadas de la misión que se les encomendó”. En tal sentido sostuvo que “la sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces, como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos. Y en particular, el fiscal defiende los intereses de la ciudadanía, es garante de la República y del estado de derecho”, sintetizó.
Posteriormente, la fiscalía puntualizó que “la gran corrupción, ésta que describimos en estos alegatos privó de recursos al Estado de manera inequitativa, los sectores más vulnerables se vieron perjudicados”. En virtud de ello, pidió que el dinero, cuyo decomiso solicitó, “debe volver a estos sectores” y agregó que los actos de corrupción cometidos “violaron los principios de derechos humanos de igualdad de oportunidades: sólo accedió a los derechos quien pudo comprarlos, quien se apropió de ellos desde su cargo, y aquellos que no pudieron, quedaron excluidos del sistema”.
Ampliación de indagatoria
Tras el petitorio de la fiscalía, y previo a que el tribunal dispusiera un cuarto intermedio hasta el lunes 5 de septiembre, cuando comenzarán los alegatos de las defensas, la defensa de Cristina Fernández, ejercida por el abogado Carlos Beraldi, solicitó que su asistida pudiera ampliar su declaración indagatoria en una audiencia a celebrarse hoy martes.
Argumentó que la vicepresidenta pretendía responder aquellas cuestiones que se introdujeron en el debate y que, a entendimiento de la defensa, no habían sido consideradas en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, como los mensajes extraídos del teléfono celular de José López, el plan “limpiar todo” o lo que se enunció como “el apagón informativo al Congreso”.
El Tribunal Oral Federal N°2 rechazó la petición. La defensa de la vicepresidenta repuso la solicitud por considerar que resultaba “imprescindible que se escuche a la doctora Kirchner”, lo cual fue nuevamente desestimado.
19 de Septiembre
Los doctores Carlos Beraldi, y en escasos momentos Ary Llernovoy, defensores de Cristina Kirchner, intentaron dejar en claro que hubo “mala praxis” de parte de la Fiscalía.
A partir de allí explicaron cómo se realiza el proyecto de ley de un presupuesto nacional, con testigos estrella como el actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien fue uno de los jefes de gabinete de Ministros, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Ministros también y actual Presidente, Sergio Massa, mismo cargo en ese entonces, y ahora ministro de Economía, y Juan Manuel Abal Medina.
Otro de los ex funcionarios a los que recurrió la defensa para explicitar la realización del proyecto de ley de un presupuesto, fue Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación de 2003 a 2015.
Con todos estos elementos, la defensa tituló “la falacia de la aprobación automática del presupuesto”.
En un intento por hacer también un paralelismo con “persecución política”, recurrieron al expediente, con el que se acusó en la década del 50, al ex Presidente Juan Domingo Perón, “la historia se repite” decía el power point.
Se dedicaron horas este lunes a poner de manifiesto la Ley de Administración Financiera, la reasignación de partidas presupuestarias, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el control de la ejecución presupuestaria, las decisiones administrativas de redistribución presupuestaria, para intentar mostrar ante el Tribunal Oral que se actuó en un marco de legalidad.
21 de Septiembre
Beraldi comenzó alegando “que había aparecido un nuevo giro de la acusación y que ese giro recién se había dado en el alegato, en el cual se introdujeron hechos de los cuales no se habló en el requerimiento de elevación a juicio, y que desde la perspectiva de la defensa fueron introducidos de manera incorrecta”.
Para Beraldi, esos nuevos hechos “fueron catalogados de manera ampulosa, y que tuvieran un gran impacto ante la opinión pública. Uno de esos hechos fue el apagón informativo que tuvo el Congreso”.
Para el abogado defensor, ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández, vieron las planillas del Presupuesto Nacional.
Seguidamente, la defensa se refirió al “Plan limpiar todo”, y la pericia sobre el teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López. “¿Qué surgen de ese teléfono?”, se preguntó retóricamente Carlos Beraldi, para responderse: “26.000 mensajes”.
“Ellos – por los Fiscales – sólo seleccionaron algunos. Y en lo que aquí se refiere, seleccionaron cuatro o cinco mensajes, a partir de los cuales pretenden sostener que hubo en las últimas semanas de la existencia de esta supuesta asociación ilícita, una intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de llevar a cabo un proceso en el cual, se borraran las pruebas de lo que había ocurrido, que se le dieran a Báez mayores recursos financieros; esto se iba a vehiculizar a través de algunas Resoluciones Administrativas, que aumentaban las partidas, y que, vamos a decirlo sin eufemismos, se robara toda esa plata”.
Para la defensa, no hay ningún mensaje de la señora Fernández de Kirchner en los mensajes, “son sólo circunstancias que dicen voy a ver a la señora, me reúno, no me reúno, y en el punto más cercano, hay un mensaje del secretario de Obras Públicas con uno de los secretarios privados de la doctora Kirchner, donde dice bueno, voy a tener una reunión”.
Para la defensa a partir de allí comienzan a tejerse todas las conjeturas.
Para Beraldi la reunión de un secretario de Obras Públicas con un Presidente de la Nación es “algo rutinario.”
Si los mensajes decían, a su juicio, muy poco como para imputar a la ex Presidenta de la Nación, los Fiscales construyeron una historia.
Hoy 23 de Septiembre
El alegato final de Beraldi comenzó con un racconto de los argumentos esgrimidos hasta el momento en el marco de la defensa de Cristina Kirchner. “La primera conclusión que surgió es que era imposible que los proyectos de Presupuesto fueran desarrollados de manera arbitraria por los expresidentes”, recordó el letrado.
Durante su exposición, el abogado de Cristina Kirchner volvió a cargar contra el actuar de la Fiscalía. A ese respecto, sostuvo que además de “cada una de las cuestiones que hacían al centro de imputación en lo que se refiere a la acusación original de asociación ilícita, construyó una ampliación de la acusación, violando el principio de congruencia y no dando cumplimiento a los recaudos que exige la ley procesal”.
Así, se refirió a la “supuesta existencia de un apagón informativo” y a la denominada “operación limpiar todo”, dos acusaciones que dio por “derrumbadas” en los alegatos precedentes.
Beraldi afirmó que “Cristina Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas” y aseguró que “no hay ningún elemento que sostenga lo contrario”.
En esa línea y con el objetivo de desvincular a su defendida de la causa, argumentó que “resulta fácticamente imposible que desde la presidencia de la Nación se ejerza de forma personal el control de los procesos de adjudicación, ejecución y pago de todos los proyectos de obra pública vial del país”.
Con relación a los planteos de la Fiscalía en torno a las demoras en la realización de las obras investigadas, el abogado de la vicepresidenta señaló que los tiempos fueron los habituales y cuestionó que “jamás se solicitó la realización de un estudio pericial a efectos de determinar si las ampliaciones de plazo se encontraban o no justificadas”.
A su vez, remarcó que “la única inspectora que pudo declarar en el juicio ratificó que las ampliaciones de plazo de las obras investigadas estaban debidamente justificadas por causas reales y verificables”.
Sobre la acusación en torno a la inexistencia de algunas de las obras investigadas, Beraldi subrayó: “Medios de comunicación decían que las obras no estaban (...) así que la defensa solicitó la realización de un estudio pericial para esclarecer estas cuestiones”. No obstante, indicó que “el Tribunal rechazó la prueba ofrecida en el entendimiento de que ‘se pretende analizar aspectos que exceden la plataforma fáctica esencial del reproche formalizada en la etapa intermedia’”.
Más tarde, aseguró que aún así los auditores de la DNV constataron que “las rutas sí existen y que es falso que no van a ningún lado”, y sostuvo que dicha acusación emergió de una “construcción mediática que surgió, entre otras cosas, de un informe periodístico”.
Respecto de existencia de supuestas definiciencias constructivas en las obras, el defensor de Cristina Kirchner también remitió a un informe de la DNV que indicó: “No se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales”. En esa misma línea citó lo verificado por los auditores de la firma Consulbaires contratados durante la gestión de Javier Iguacel.
Por otra parte, descartó la existencia de desajustes relevantes en la certificación de las obras investigadas a partir de lo señalados por los auditores ya mencionados. “No se realizaron pagos por trabajos no ejecutados”, concluyó.
“La Fiscalía dice que este supuesto perjuicio más o menos estaría en el orden de los $5300 millones. Yo quiero recordar que cuando se inició el juicio se habló de una defraudación de más de $46.000 millones y luego se dictó un embargo por $10.000 millones, vamos bajando...”, cuestionó Beraldi sobre el tramo final de su alegato.
A continuación, acusó a la Fiscalía de reconocer que “no es científico” el método utilizado para cuantificar el perjuicio y lanzó: “¿En qué quedamos? ¿Es el juicio más grave en materia de corrupción y no tienen ni una estimación seria?”
Uno de los últimos puntos atacados por el abogado de Cristina Kirchner contra los alegatos de los fiscales fue el de “obras abandonadas”.
Según la exposición de Beraldi, en esto hay falsead ya que “el verdadero perjuicio al Estado fue causado por el accionar deliberado del gobierno de Mauricio Macri, que abandonó las obras investigadas dejándolas en situación de ruina”.
Cristina Kirchner y su autodefensa
“Una primera aclaración. Estoy ejerciendo el derecho que me concede el Código de Procedimiento Penal. Quiero hacer esta aclaración porque no puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho a ejercer la defensa, cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal”, inició la exmandataria y agregó: “Esto no es algo que graciosamente se me concede. Si no fuera porque soy abogada, hubiera estado en estado de indefensión”.
Luego, se dirigió a los letrados que la asisten en el juicio: “Quiero felicitar a mis abogados por sus alegatos, donde se desmontaron los alegatos y las increíbles mentiras de los fiscales Mola y Luciani. Quedaron a la luz del día las arbitrariedades”.
En el marco de su exposición, Cristina Kirchner pidió investigar a los fiscales por mentir y anticipó que publicará material del juicio por Vialidad en sus redes sociales. “Quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio”, sostuvo y continuó:” Creo que estamos ante un claro caso de prevaricato. El fiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación. Mis abogados demostraron cuáles fueron las mentiras y las calumnias”.
Asimismo, la titular del Senado manifestó: “No se puede creer cómo se llevó adelante este juicio y por qué. Por eso, quiero hacer un pedido formal a este tribunal para que, al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastados con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio”.
En otro tramo de su defensa, Cristina argumentó: “Nunca hubo en la Argentina una fuerza política que tuviera tres períodos de gobierno. Según la Fiscalía, esta asociación la pergeñaron para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz. Pero no contratos viales de la Nación con una empresa ‘X’, sino que lo hicieron a través de una interpósita persona que es una provincia”.
Luego siguió: “Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, gobernador electo en el 91 y reelecto en el 95 y en el 99, ¿qué hizo todo eso pensando en que iba a llegar a la Presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador durante tres períodos consecutivos?”.
“Esta sola enunciación bastaría para que nadie pudiera tomar en serio una denuncia de esta naturaleza. Es ilógica, absurda y raya en el absurdo. Militamos toda la vida para 51 obras viales. ¿Por qué no las hizo en los 12 años de gobernador?”, dijo la vicepresidenta y recordó: “Néstor Kirchner llegó a la presidencia de chiripa, en medio de una crisis monumental en la República Argentina. Incluso, no se sabía si entraba en la segunda vuelta. La realidad de la historia no resiste esta acusación”.
De acuerdo con la vicepresidenta, la acusación de Luciani y Mola “viola el artículo 1° de la Constitución, que prevé que la Nación Argentina adopta como su gobierno la forma representativa, republicana y federal”. “El orden no es intercambiable. Los gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita”, afirmó y completó: “Pero además el fiscal no se queda con eso, va por más. Dice que no existe un fundamento jurídico serio que les impida a los juicios hacer una revisión de las conductas de los demás poderes. O sea que en la división republicana el Ministerio Público Fiscal se arroga una supremacía sobre los otros dos poderes”.
“Ustedes son más que nosotros, porque pueden juzgar todos los actos, hasta lo que es zona de reserva, hasta lo que son actos de oportunidad mérito y conveniencia. Bien, va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en este juicio ¿Esto qué quiere decir, que ningún presidente puede ser juzgado? Sí, hay un sistema: el del juicio político. Artículo 53 de la propia Constitución”, continuó.
Seguidamente, apuntó: “Estas obras se licitaron y se hizo todo en Santa Cruz, con leyes y organismos de control provinciales, con un gobernador, como ha sucedido en todas las provincias argentinas. Entonces, se está violando la cláusula federal que les garantiza su autonomía y la de sus instituciones. Entonces, esta acusación es inconstitucional, antirepublicana y antifederal”.
En otro de sus cuestionamientos a la Fiscalía, la vicepresidenta planteó: “Supongamos que el Código Penal atrapó a tres gobiernos constitucionales y dice que los tres gobiernos son asociaciones ilícitas. Entonces, ¿qué pasa con todo lo acontecido durante 12 años? Porque si aplicamos el derecho penal, lo tenemos que aplicar completo. No se puede estar medio embarazada”.
Tras ello, reflexionó: “Si esto es capturado por el derecho penal argentino, quiere decir que todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos, por la aplicación de la teoría y principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado”.
Para concluir la idea, sumó: “Es más, llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, porque su nombramiento se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita ¿Se dan cuentan de a dónde vamos agarramos de los pelos y retorcemos códigos y leyes? Vamos al desastre”.
“Están discutiendo Decretos de Necesidad y Urgencia que fueron aprobados por el Parlamento. No tiene andamiaje constitucional lo que estamos discutiendo. Es un disparate”, dijo Cristina Kirchner en otro tramo de su exposición.
Después, expresó: “Los actos administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos una situación porque tenían que traer de los pelos a mí. Para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de Procedimientos Administrativos, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo”.
“Yo quiero que se entienda esto. Porque es un disparate. Esto no ayuda, complica a un país, lo torna poco serio y al borde del ridículo”, cerró.
Durante su alegato, Cristina Kirchner también habló sobre el atentado que sufrió frente a su casa. Tras denunciar el “armado” de causas en su contra en Comodoro Py, dijo: “Yo hasta el 1° de septiembre creí que era esto, pero a partir de ahí me di cuenta de que puede haber una cosa más. Es como que el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar ya en hacer cualquier cosa y yo no puedo olvidar que este año, este mismo despacho fue destruido literalmente durante más de 40 minutos de apedreadas sin que ninguna fuerza de seguridad de la Argentina, ni las nacionales ni las locales, lo impidiera”.
Luego, añadió: “El día que el fiscal terminaba su histriónico alegato pusieron la puerta de mi casa en la televisión. Ahí mismito me quisieron pegar un tiro”.
En el último tramo de su alegato, la vicepresidenta aseguró: “Mi condición de mujer ayuda a la estigmatización. Todos los presidentes desde el regreso a la democracia, salvo Macri, fueron abogados. Pero a la única que acusaron de no serlo es a mí”.
Más tarde, volvió a cuestionar a la Justicia e interpeló al juez: “Así como vamos, vamos mal. La Argentina no sale con este Poder Judicial, de ninguna manera. ¿Yo, impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan, ustedes, los que están en la Casación, el fiscal, son amigos y jugaban con Macri al paddle. Las personas que están detenidas y a quien yo considero el jefe de la banda [de los copitos], sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a metros mío. La asesora de otra diputada también...”.
Finalmente, remató: “Y sí, yo me siento en estado de indefensión ¿Qué le pasaría a usted, Gorini, si le pasara lo mismo que a mí? Imagínelo por un instante, porque yo siempre recomiendo que se pongan en el lugar del otro. Yo siempre me pongo en el lugar del otro, ayuda a resolver mejor las cosas. Sobre todo cuando se tiene tanta responsabilidad”.
Por último, afirmó: “Es la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planeó la autoría intelectual de lo que me hicieron”.
Beraldi
Al retomar la defensa, Beraldi afirmó que “todos los temas fueron agotados” en los últimos días y que “hubiera querido terminar así”. No obstante, señaló que en su alegato final la Fiscalía introdujo una nueva cuestión que “no puede dejar de responderse”. “Esto tiene que ver con lo que se ha denominado, para bien o para mal, el lawfare. La Fiscalía aborda esta cuestión y negó su existencia”, remarcó.
En contrapartida, el letrado citó a doctrinarios del Derecho que defienden su existencia. Respecto del juicio por Vialidad, dijo: “Los fiscales partieron de una base y sin importarles cuál era la verdad lo que hicieron fue ver cómo algo podía sostenerlo, y si no lo encontraron lo inventaron. Y todo lo que destruía esa imputación lo declararon falso y no lo valoran. Esto es una descripción exacta de lo que es el lawfare, según un maestro como Luigi Ferrajoli”.
Tras las últimas palabras del letrado, se dio por finalizada la audiencia de hoy y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.-
Casa Tomada reitera su compromiso con la búsqueda de la verdad. Por eso transmite el juicio con los alegatos de las partes. Por eso deja la respuesta final para el Tribunal, y para usted, amiga o amigo lector.
