El juez Jorge Gorini resolvió este martes que Cristina Kirchner permanezca detenida con prisión domiciliaria en su departamento en el barrio de Constitución. Entre las condiciones que fijó la Justicia, CFK no podrá alterar la tranquilidad del barrio y deberá usar tobillera electrónica.
Además, la exmandataria tendrá que entregar un listado de sus familiares, custodios y profesionales, como médicos y abogados que tengan que ir a su domicilio.
Estas condiciones serán supervisadas cada tres meses, por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. De no cumplirse, podría ir a la cárcel.
“Resuelvo imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión”, expresó el juez Gorini en su resolución.
- Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
- Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
- En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
Jorge Gorini también encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal “que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley (art. 34, ley 24.660)”.
Y ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico.
Por todo esto, Gorini dejó sin efecto la citación que estaba fijada en la condena, pero sus abogados deberán continuar con los trámites que se decretaron en el fallo, señaló TN.
